La decisión de la Cuarta Sala Penal Nacional de Perú de cancelar los cargos penales contra el ex presidente Alberto Fujimori por esterilizaciones forzadas masivas en la década de 1990 ha provocado indignación nacional e internacional. Alrededor de 300.000 mujeres y 22.000 hombres, en su mayoría de comunidades pobres e indígenas, fueron esterilizados sin su consentimiento como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Estos programas tenían como objetivo controlar las tasas de población y fueron perseguidos agresivamente por el gobierno de Fujimori.
La cancelación de los cargos contra Fujimori y otros responsables -incluido Alejandro Aguinaga, entonces ministro de Salud- es vista por grupos de derechos humanos y representantes de las víctimas como un importante revés en la lucha por la justicia. Critican el hecho de que el tribunal haya antepuesto errores formales de procedimiento a los derechos de las víctimas. María Esther Mogollón, portavoz de las mujeres afectadas, enfatizó que esta decisión esencialmente deja el caso en cero y que la justicia vuelve a estar muy lejos.
El papel de Aguinaga, que obtuvo la anulación de los cargos mediante un procedimiento de amparo, es particularmente explosivo. Los críticos ven esto como un intento de absolver a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. El tribunal dictaminó que la investigación y el juicio anteriores, basados en 182 pruebas, eran inválidos porque se llevaron a cabo según el antiguo código penal y ahora debían repetirse según la nueva ley de procedimiento penal.
Este acontecimiento es un duro golpe para las víctimas que han estado esperando justicia durante décadas. Aunque Fujimori ya ha sido condenado por otros crímenes contra los derechos humanos, la pregunta sigue siendo si él y otros responsables algún día tendrán que rendir cuentas por las esterilizaciones forzadas.
La decisión del tribunal también ha atraído la atención internacional, particularmente en el contexto del indulto humanitario de Fujimori en 2017 y su posterior liberación por motivos de salud. Organizaciones de derechos humanos exigen que se lleve adelante el caso y que los responsables, incluido Fujimori, rindan cuentas por sus crímenes. Las víctimas de esterilizaciones forzadas siguen esperando justicia y reparación, aunque esta última decisión hace que esa lucha parezca más difícil que nunca.
