El debate sobre la inclusión en el Perú: tensión entre Congreso y Gobierno

La discusión sobre el lenguaje inclusivo ha desatado una polémica política en Perú que está poniendo a prueba la relación entre el Congreso y el gobierno. La ley recientemente aprobada que prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en los libros de texto escolares y documentos oficiales recibió una clara mayoría de 78 a 21 en el Congreso. Pero el gobierno peruano, representado por la ministra de Educación, Miriam Ponce Cértiz, anunció que ignoraría la ley. Esta ruptura entre los poderes legislativo y ejecutivo no sólo plantea interrogantes sobre la política lingüística, sino que también ilumina las tensiones dentro del panorama político peruano.

La fuerza impulsora detrás de la ley es la representante Milagros Jáuregui de Aguayo, una reconocida defensora de la familia y la vida. En su argumentación destaca que la comunicación no ideológica en lengua española es necesaria para evitar confusiones en la comprensión lectora. Durante el debate en el Congreso, explicó que la fragmentación del lenguaje no sólo conduce a una mala comunicación sino que también afecta la comprensión lectora entre los estudiantes.

“Como mujer puedo decirles que no creo que el uso de ningún artículo nos haga más visibles o nos permita luchar por la igualdad”, dijo la señora Jáuregui de Aguayo. Se refería a la opinión de la Academia Peruana de la Lengua, que también se pronuncia en contra del lenguaje ideologizado.

La pregunta aquí es si el lenguaje inclusivo realmente contribuye a mejorar la igualdad o si, como afirman los defensores de la ley, puede generar confusión y pérdida de comprensión lectora. Parece que el Congreso está decidido a liberar el lenguaje de influencias ideológicas, mientras el gobierno del ministro Ponce Cértiz mantiene la postura del lenguaje inclusivo.

La diputada Jáuregui de Aguayo expresó en redes sociales su satisfacción tras la votación, pero el verdadero conflicto comenzó cuando el ministro de Educación, Ponce Cértiz, declaró que no se estaba respetando la ley. Destacó que el Ministerio de Educación ya tiene una posición clara sobre el lenguaje inclusivo y que ciertas posiciones son simplemente incompatibles. Aquí queda claro que los desacuerdos sobre la política lingüística en el Perú no son sólo un debate teórico, sino que pueden tener un impacto directo en la implementación de las leyes.

Sin embargo, el tema del lenguaje inclusivo no se limita al Perú. Existe un debate a nivel mundial sobre si el lenguaje ideologizado es necesario para promover la igualdad social o si, como se argumenta en Perú, puede generar confusión y pérdida de comprensión lectora. El debate peruano refleja estas discusiones globales y plantea la cuestión de si es posible encontrar un compromiso que tenga en cuenta tanto la necesidad de igualdad como la preocupación por la claridad y comprensibilidad del lenguaje.

La decisión del gobierno de ignorar la ley podría generar más tensiones entre las instituciones políticas. Queda por ver si esto tendrá consecuencias legales o un diálogo abierto entre el Congreso y la administración. La situación deja claro que la cuestión de la política lingüística no es sólo lingüística y pedagógica, sino que tiene implicaciones políticas y sociales más profundas.

Es importante enfatizar que el debate sobre el lenguaje inclusivo no es sólo una cuestión de palabras, sino una cuestión de valores y visión de la sociedad. El conflicto en Perú pone de relieve cómo diferentes actores políticos tienen ideas diferentes sobre cómo se debe utilizar el lenguaje para promover el cambio social. Queda por esperar que los líderes políticos del Perú encuentren una manera de encontrar una solución constructiva a esta controversia, tomando en cuenta tanto las preocupaciones sobre la ideología como las demandas de igualdad.

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